… Básicamente la arquitectura no es sólo una cantidad de resultados acabados y construidos, sino un proceso estratificado de desarrollo a un nivel superior, en el que junto con la acción recíproca interna, se crean continuamente nuevas soluciones, nuevas formas, nuevos materiales de construcción y constantes cambios de ideas constructivas…

Alvar Aalto

La humanización de la Arquitectura.

Probablemente la organización de las empresas constructoras, la complejidad de los contratos de locación de obra tanto pública como privada y aún el régimen especifico de los obreros de la construcción hayan ocultado la protección especializada que el derecho brinda al destinatario de estos materiales, que precisamente por estar afectados a la construcción, resultan más relevantes que otros.

Así por ejemplo, son los materiales de construcción, los que tipifican una de las formas más importantes del contrato de locación de obra llamada construcción por economía, donde el precio se conviene con relación al valor de los materiales empleados y mano de obra.

Algo similar ocurre en materia de precio de locación de obra, ya que como lo señala el Código Civil, en su artículo 1633, el locador bajo ningún pretexto puede pedir aumento en el precio, aunque encarezca el valor de los materiales y de la mano de obra, cuando la obra ha sido contratada por una suma determinada, salvo-por supuesto- la hipótesis de imprevisión contractual, legislada en el artículo 1198 del cuerpo legal citado.

La compra de materiales por parte del profesional proyectista y /o director de obra, es efectuada generalmente sin conocimiento de la existencia de un mandato regido por más de 100 artículos del Código Civil, y que puede transformar hasta el carácter de una dirección de obra común, en una administración de obra o dirección ejecutiva, si tenemos en cuenta la terminología usada por las normas arancelarias de la Provincia de Buenos Aires.

En el caso de que el profesional, oculte el mandato para comprar, contratando en su propio nombre no obligará al mandante frente a terceros, además de quedar personalmente obligado frente a ellos, es decir, frente a los proveedores de materiales de construcción.

Claro está, que no todas son cargas para el profesional que se ocupa de estas administraciones.

En la Capital Federal , el artículo 52 inciso 3 del decreto-ley 7887/55, determina que por obras que se realicen por administración directa del profesional que tenga a su cargo conseguir y fiscalizar la provisión de materiales y mano de obra, se cobrarán honorarios adicionales, representativos del 10 % del costo de los trabajos que se ejecuten por ese sistema y en la jurisdicción bonaerense, la obtención y fiscalización de los materiales se retribuye con un 200% de suplemento sobre la dirección de obra común, por imperio de lo establecido en el artículo 4 inciso b, Título VIII del decreto 6964/65.

En materia de obras públicas la provisión de materiales por parte del Estado, es tan sólo una de las alternativas con las que cuenta el poder gubernamental para perfeccionar el contrato administrativo. Así lo dispone expresamente el artículo 5 de la ley 13.064, que se complementa con el decreto 2178/86, por el que se delega en el Ministerio de Obras y Servicios Públicos la facultad de dictar normas para la fiscalización de los materiales utilizados en las construcciones.

Junto a la responsabilidad del contratista por la correcta interpretación de los planos, la ley lo responsabiliza por cualquier reclamo o demanda que pudiera originar la provisión o el uso indebido de materiales, sistema de construcción o implementos patentados, de acuerdo a lo que disponen textualmente los artículos 26 y 27 de la ley 13.064.

En la órbita del proyecto, también los materiales de construcción tienen un lugar de privilegio.

A pesar de estar en presencia de una encomienda absolutamente intelectual, el pliego de especificaciones técnicas debe determinar las características intrínsecas de los materiales y equipos conjuntamente con las indicaciones de realización de los diversos trabajos, a los que deberá sujetarse la ejecución de la obra, instalación, maquinaria, etc. (art. 1 inciso i del acta 516 de la Junta Central de los Consejos Profesionales).

En otras encomiendas, la provisión de equipos y materiales para la construcción, forma parte de la conceptualización de la propia tarea.

Este es el caso de la representación técnica, definida por la ley como la función consistente en asumir la responsabilidad que implica una construcción, una instalación o la provisión de equipos y /o materiales para construcción o industrias, de acuerdo a lo normado por el artículo 93 primer párrafo del decreto-ley 7887/55.

No estará demás agregar que el precio de los materiales es uno de los factores determinantes para el cálculo del valor en juego, a los efectos del pago de honorarios profesionales.

Pero tan es así, que de acuerdo al artículo 50 del decreto-ley 7887/55 (Arancel profesional de arquitectos, agrimensores e ingenieros para jurisdicción nacional), se establece que cuando el comitente provea total o parcialmente materiales, mano de obra o transportes, a los fines del cálculo del costo mínimo de la obra, se computarán sus valores sobre la base de los precios corrientes en plaza, habiéndose interpretado en la jurisprudencia administrativa que los mayores costos que se produzcan en los materiales forman parte del costo definitivo y deben ser tomados en cuenta para la fijación y aplicación de las tasas de honorarios (Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo Documento A-104 s/ artículo 50).

En materia de obras viales, el Código Rural de la Provincia de Buenos Aires, impone al propietario de un fundo rural, la obligación de permitir que se depositen en su finca los materiales designados para la construcción, reparación o limpieza de los caminos públicos ( art. 26 ley 7616 ), solución que obviamente sólo puede estar basada en la preeminencia del interés público, que sin duda ha tenido en cuenta el legislador.

Volvemos ahora nuevamente al tema de la responsabilidad, centrando nuestra atención en la cuestión de la ruina.

Esta cuestión jurídica que nace de la interpretación del artículo 1646 del Código Civil contiene referencias específicas a los materiales de la construcción, como cuando se determina el origen de ese tipo de responsabilidad, haciendo equivaler, el vicio de la construcción, el del suelo o la mala o equivocada calidad de los materiales, junto al error de proyecto y no liberando al constructor, ni siquiera en la hipótesis de que el comitente haya provisto los materiales.

Llegamos por fin, al máximo extremo de la responsabilidad, constituida por las disposiciones tipificadas en el Código Penal de la Nación.

Aquí, a pesar de las reglas generales en materia de estafa, el legislador ha querido agravar la responsabilidad, si el fraude se comete en los materiales de la construcción.

Una disposición especial, contenida en el artículo 174 inciso 4 del Código Penal, eleva la pena de prisión con un mínimo de 2 años y un máximo de 6 para el empresario o constructor de una obra cualquiera o el vendedor de materiales de construcción que cometiere, en la ejecución de la obra o en la entrega de materiales, un acto fraudulento capaz de poner en peligro la seguridad de las personas, de los bienes, o del Estado (Texto según Ley 11.221, vigente por ley 23.077), consistiendo la acción reprobada en una defraudación en la sustancia, calidad o cantidad de los materiales utilizados en la ejecución de una obra o vendidos para su construcción.

 

Por el Dr. Daniel Enrique Butlow

Abogado y Profesor titular honorario de arquitectura e ingeniería legal.