Genéricamente, el Código Penal de la Nación define en forma no taxativa a la estafa disponiendo en el artículo 172 que “será reprimido con prisión de un mes a seis años, el que defraudare a otro con nombre supuesto, calidad simulada, falsos títulos, influencia mentida, abuso de confianza o aparentando bienes, crédito, comisión, empresa o negociación o valiéndose de cualquier otro ardid o engaño”.

En materia de materiales de construcción, el legislador se ha mostrado especialmente preocupado por los alcances y peligros que los mismos pueden ocasionar legislando un caso especial de defraudación que sólo se produce a través de ellos.

Dispone así el artículo 174 inciso 4º del Código Penal que sufrirá prisión de dos a seis años, el empresario ó constructor de una obra cualquiera ó el vendedor de materiales de construcción que cometiere, en la ejecución de la obra ó en la entrega de los materiales, una acción fraudulenta capaz de poner en peligro la seguridad de las personas, de los bienes ó del Estado (texto conforme a las leyes 11.221 de Fe de Erratas y 23.077).

Este delito tiene su antecedente en el Código Holandés de 1881 y representa un caso especial de defraudación contemplado en el artículo 173 inciso1º, ya que el fraude a que se refiere tiene que traducirse en la sustancia, calidad ó cantidad de los materiales empleados en la ejecución de una obra ó vendidos para ello. En otras palabras, y como se ha señalado doctrinariamente, el pensamiento de la ley es que la calificante sólo funciona si el empresario o constructor defrauda en la sustancia, calidad o cantidad de los materiales de construcción que utiliza o hace utilizar al ejecutar la obra, o si el vendedor de ellos cometió esa defraudación al entregar los materiales destinados para su ejecución. Las dos actividades delictivas se confunden, sin multiplicar el delito, cuando el autor es un empresario, ya que éste construye con los materiales que suministra.

Este delito ha recibido diversas aplicaciones jurisprudenciales. Utilizando esta figura, se condenó al constructor de una obra luego de haberse comprobado que el peligro de derrumbe de ésta no obedeció a la impericia de aquél sino a los fraudes cometidos en su ejecución, entre los que se puntualizaron: el agregado de cascotes de ladrillos en lugar de canto rodado, la carencia casi general de elementos estructurales y el empleo de ladrillo partido en lugar de hormigón en la capa compresora de los entrepisos (fallo de la C.C .C. Sala V, causa Nº 1187 del 12/02/71).

El ofendido por el delito es el propietario de la obra, o el empresario, cuando éste ha sido la víctima del vendedor.

El peligro para las personas o los bienes consiste en la probabilidad de que la obra material, cualquiera sea la especie, pueda dañar a personas o bienes en general.

El delito se agrava si ha sido cometido por un empleado público, ya que además de las penas establecidas sufrirá inhabilitación especial perpetua según lo dispone el artículo 174, párrafo final del Código Penal.

Respecto del Estado, el peligro no se refiere a una probabilidad de daño para su patrimonio, sino para su intangibilidad o estabilidad territorial.

El tipo legal no ha querido involucrar, en principio, ni al proyectista ni al director de obra. Sin embargo, existen casos especiales que se presentan cuando se ejercen direcciones especiales como, por ejemplo, la dirección ejecutiva en la Provincia de Buenos Aires, definida legalmente como el caso de obras por administración en los cuales el profesional, con todas las responsabilidades de director y constructor, tiene a su cargo obtener y fiscalizar los materiales, mano de obra y subcontratistas (artículo 4º, inciso 3 b, del Título VIII del decreto 6964/65).

Lo afirmado precedentemente me induce una vez más a recalcar la prolijidad y el análisis de los materiales a emplear durante una construcción, su explicación detallada en la memoria descriptiva que forma parte del proyecto y, obviamente, las garantías escritas que deben reclamarse cuando se efectúan compras con destino a una obra.

 

Por Daniel Enrique Butlow

 bogado y Profesor titular honorario de arquitectura e ingeniería legal.

 

 

IMPORTANTE

 

A los fines de analizar y responder las consultas relacionadas con Fraudes en la Construcción se ha integrado un equipo interdisciplinario formado por: el Dr. Ricardo Adrián Butlow- Asesor legal consultor del Centro Argentino de Ingenieros-, la abogada y arquitecta Valeria Elizabeth Nerpiti -docente de derecho penal en la Universidad de Buenos Aires-; el Dr. Francisco D´Albora -profesor de derecho penal en las Universidades de Buenos Aires, Austral y Católica Argentina-; el Dr. Nicolás D´Albora docente de derecho procesal penal en la Universidad de Buenos Aires- y el ingeniero en construcciones José Luis Abbruzzese perito auditor del INTI-.