Por una deformación profesional, creada probablemente mientras realizamos nuestros estudios jurídicos, los abogados vinculamos los dictámenes periciales con la prueba pericial que se produce durante un proceso de conocimiento.

Además, nuestra formación académica de corte individualista, difícilmente puede tolerar el hecho de que no estemos preparados científicamente para enfrentar temas que apriorísticamente consideramos de nuestra incumbencia.

En este sentido resulta sencillo comprender porqué a los abogados nos han enseñado que Roma era solo un mundo de derecho y a los arquitectos, por supuesto, que ese era un mundo donde solo reinaba la arquitectura.

A pesar de que el derecho y la arquitectura son dos conocimientos profundamente humanísticos, con una sólida base en común, aún no se han estudiado las profundas conexiones y complementaciones que unen a estas dos artes.

Con solo testimoniar que como abogado especializado en arquitectura legal, jamás he visto profesor arquitecto en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires a pesar de haber estudiado el régimen legal de las obras de arquitectura e ingeniería, lo que a su vez sucede en la Facultad de Arquitectura cuando se tratan temas legales como el régimen de honorarios, límites al dominio, concursos públicos, etc., sin la presencia de profesores abogados, queda probado el aserto.

Los códigos procesales modernos y la doctrina científica que los comenta e interpreta, nos muestran una mezquina participación de los profesionales arquitectos en las tareas concernientes a su profesión. Estos códigos parecen suponer que la pericia de arquitectura solo existe a la hora donde las demandas y las respuestas ya se encuentran navegando los plazos judiciales y la plena etapa probatoria.

Existencia o no de vicios ocultos, hipótesis de ruina, daños y perjuicios derivados de relaciones de vecindad, responsabilidad profesional por incumplimientos de contratos, etc., solo son peritados con posterioridad a que los abogados hayamos formulado nuestras demandas y nuestros reclamos en sede jurisdiccional.

Frente a ello y a los fines de mejorar los servicios de justicia y de prever situaciones en las que por anticipado puede determinarse la responsabilidad y el culpable, resulta aconsejable confiar en un dictamen profesional que aunque venza inicialmente nuestro aparente poder omnímodo de juristas, pueda alertarnos tempranamente sobre el camino técnico jurídico que deben presidir nuestros reclamos.

En materia de vicios, el buen ojo arquitectónico señalará las diferencias, no del todo precisas, entre los ocultos y los aparentes y convencerá probablemente a un juez de que aún no han transcurridos los 60 días fatales, que como plazo de caducidad fija el art. 1647 bis del Código Civil.

En materia de ruina o de su amenaza, un examen pericial previo podrá determinar sus diferencias conceptuales con los vicios ocultos y no hacernos embarcar en una temible demanda que haga agua en su faz técnica, de acuerdo a lo previsto por el art. 1646 del Código Civil.

En materia de relaciones de vecindad y medianería podremos anticipar un error jurídico, proveniente de no poder diferenciar los muros linderos de los comunes y de los propios.

Nunca será suficiente repetir que un muro medianero no es solo lo que sobre él legisle el Código Civil sino también lo que establecen los códigos de edificación, las reglas del buen arte y los cálculos geodésicos señalados por el agrimensor.

Una buena pericia arquitectónica preventiva puede fijar para siempre cuales son las reales condiciones en que fue entregado o recibido un inmueble alquilado, la tasación correcta de un siniestro a los fines de su reparación o el pago de una póliza de seguro, la adjudicación de responsabilidad en un accidente, o en niveles de exquisiteces jurídicas, el gremio constructivo que originó error más allá de la responsabilidad solidaria que corresponda.

Un correcto dictamen preventivo determinará con anticipación cuál es el grado de encarecimiento de los materiales, relevante en el tema aumento de precio en la locación de obra o la existencia de variables de proyectos necesarios o innecesarios para enfrentar la continuidad de la obra.

Y finalmente, esta pericia que propongo utilizar en un marco conceptual absolutamente diferente al que la práctica jurídica nos tiene acostumbrados permitirá merituar el grado de definición intelectual que el profesional o el constructor han impreso con su sello personal a la obra a la que dedicamos nuestro esfuerzo, nuestro dinero o nuestros sueños.

 

Por Daniel Enrique Butlow

Abogado y Profesor titular honorario de arquitectura e ingeniería legal.