Cuando el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, es decir, lo que antes llamábamos la “Municipalidad” sanciona injustamente a un profesional o a una obra, clausurando, inhabilitando en el uso de la firma, suspendiendo, multando, o aún aplicando penas que impliquen la imposibilidad definitiva de presentar planos para construir, instalar obras nuevas o demoler; aún queda una esperanza. En un Estado de Derecho, esta única y última esperanza se denomina Derecho Administrativo.

El Derecho Administrativo es una rama de la ciencia del derecho público, sospechosamente poco estudiada en nuestras universidades, que se ocupa del ejercicio de la función administrativa y de la protección judicial existente contra ésta (Gordillo).

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, regida constitucionalmente por la nueva Carta Magna porteña, la ley de Procedimiento Administrativo, sancionada como Decreto Reglamentario 1510/97, es la que se ocupa de proteger los derechos de los administrados en general y de los profesionales de la construcción en particular.

Esta legislación posee un defecto cardinal constituido básicamente por el desconocimiento de su existencia.

La ley obliga al Gobierno de la Ciudad a dictar actos legítimos y regulares. Esto significa actos dictados por autoridad competente, causados, con objeto cierto, física y jurídicamente posible, con dictamen previo proveniente de los servicios permanentes de asesoramiento jurídico, motivados y con una finalidad concordante con las facultades del órgano emisor, sin poder perseguir encubiertamente otros fines públicos o privados. (art. 7).

Cuando las sanciones del Gobierno son irregulares, el acto administrativo deja de presumirse legítimo y ello trae aparejado su nulidad a nivel administrativo, debiendo ser revocado o sustituido por razones de ilegitimidad, aún en sede administrativa (artículo 17).

Obviamente, resulta muy difícil que la Administración revoque sus propios actos sin que se utilice el sistema de recursos previstos por la propia ley.

Cobra entonces trascendental importancia el conocimiento de los caminos que pueden conducir a revocar los actos injustos o irregulares, entre los que se destacan el recurso jerárquico y el recurso de revisión.

La estructura piramidal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires determina que los actos y sanciones sean revisables por la máxima autoridad administrativa, y eso da lugar al recurso jerárquico, que procede contra todo acto administrativo definitivo o que impida totalmente la tramitación del reclamo o pretensión del administrado (art. 108).

Este recurso debe interponerse ante la autoridad que dictó el acto impugnado dentro de los 15 días de notificado y ser elevado dentro del término de 5 días y de oficio al Ministerio o funcionario competente del Jefe de Gobierno, en cuya jurisdicción actúe el órgano emisor.

Cuando el acto impugnado emanare de un Ministro o Subsecretario del Jefe de Gobierno, el recurso será resuelto por el Organo Ejecutivo, agotándose en ambos casos la instancia administrativa (art. 109).

El plazo para resolver el recurso jerárquico es de 30 días a contar desde la recepción de las actuaciones por el órgano competente, o en su caso, desde la presentación del alegato si se hubiere recibido prueba, no siendo necesario pedir pronto despacho para que se produzca la denegatoria por silencio (artículo 110).

En principio, estos plazos de impugnación de las sanciones deben ser respetados para tener derecho a acudir a la justicia, aunque recientes fallos han interpretado que la exigencia de un procedimiento previo ante el órgano contra el cual se endereza el reclamo, no se compadece con nuestra Constitución Federal, desde que en su artículo 75 inciso 22, incorpora una serie de tratados y convenciones internacionales (vg. art. 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el art. 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos) que establecen el derecho a todas las personas a obtener en condiciones de plena igualdad un rápido acceso a un tribunal de justicia independiente e imparcial para la determinación de sus derechos (ED 177-584 y ED 177-552).

En caso de silencio o de que no se haga lugar a nuestro reclamo, le llegará entonces el turno al Derecho Procesal Administrativo, regido por el nuevo Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires (aprobado por la Legislatura en la sesión del 6-05-1999), que fija las condiciones del ejercicio de la acción y que establece que ésta debe interponerse dentro del plazo perentorio e improrrogable de 90 días computado desde el día siguiente al de la notificación de la decisión que agota la instancia administrativa (art. 7 del C.C.A.).

La acción deberá interponerse ante la Justicia en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, creada por la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, ley sancionada y promulgada el 5-03-1998, que se ha establecido formalmente y se encuentra en pleno funcionamiento desde los primeros días de Octubre del año 2000.

El principio fundamental que rige un Estado Republicano es el conocimiento de los derechos que asisten a los ciudadanos, porque no hay sanción más injusta que la no recurrida por ignorancia.

 

Por Daniel Enrique Butlow

Abogado y Profesor titular honorario de arquitectura e ingeniería legal.