¿Quién? ¿Hasta cuándo? ¿Por qué?… Tres preguntas eternas en el desarrollo de la comedia humana de las que sólo trataré de dar respuesta en materia de responsabilidad por ruina.

 

En 1968- hace más de un cuarto de siglo- la ley 17.711 introdujo una sustancial reforma en el régimen jurídico de la responsabilidad por ruina, sustituyendo el artículo 1646 del Código Civil por una norma que aún hoy produce desconfianza en los magistrados, ansiedad en los comitentes y pánico entre los profesionales de la construcción.

Con la convicción de que el lenguaje jurídico debe intentar ser tan preciso como para justificar aquella norma civil que establece que el derecho se presume conocido por todos, he desglosado el análisis del nuevo artículo en 10 precisiones que a continuación dejo firmadas:

•  El concepto jurídico de ruina se traduce en un vicio que lesiona la estabilidad, compromete la solidez o afecta la duración o conservación de una obra.

•  Debe producirse en un edificio o inmueble destinado a larga duración. La ley excluye del ámbito relevante las obras muebles, cualquiera sea su tamaño y los inmuebles cuya vocación no es la permanencia.

•  El supuesto legal es que la ruina se produzca luego de recibida la obra. La normativa actual ha suprimido el requisito anteriormente vigente del pago.

•  Resultan equivalentes a la producción de la ruina, su inminencia o amenaza. Además la ley no distingue entre ruina total o ruina parcial.

•  El origen de la ruina debe proceder conjunta o indistintamente de vicio de la construcción, de vicio de suelo, de mala o equivocada calidad de los materiales o de error de proyecto.

•  La provisión de los materiales por parte del comitente o el hecho de que la obra se haya erigido en un terreno de su propiedad, no libera al constructor de su responsabilidad por ruina.

•  La ley extiende la responsabilidad en forma indistinta al proyectista y al director de obra, pero esto sólo sucede según las circunstancias de culpabilidad que pudieran acreditarlas.

•  La normativa legal es de orden público. Por ello, se encuentra estrictamente prohibida la dispensa contractual de responsabilidad.

•  La responsabilidad del constructor, o en su caso del director de obra y proyectista por ruina de la obra, sólo existe cuando ésta se produce dentro de los 10 años de recibida la obra por el comitente, o el mismo plazo a contar de la fecha de la mora de éste, en su deber jurídico de proceder a la recepción.

•  El plazo de prescripción liberatoria de la acción es de un año, que se cuenta desde el día en que se produjo la ruina.

 

Por Daniel Enrique Butlow

Abogado y Profesor titular honorario de arquitectura e ingeniería legal.