… A propósito de la tragedia

de Pinamar…

Me tomó de improviso. Sentí angustia y confusión. Esa misma noche y desde mi casa de verano a 70 kilómetros del epicentro de la tragedia, traté de contener la noticia desde mi conocimiento de la arquitectura legal. No pude, y es más, también decidí tirar al basurero, lo que había escrito sobre la caída del balcón y la muerte de los chicos.

Dos días más tarde recibí la visita de los periodistas locales. Rechacé su intento de entrevistarme. Creo que fue la primera vez que hice algo similar y creo que lo hice porque necesitaba saber como y porque se manejaría una noticia tan directamente vinculada con la responsabilidad legal en materia de obras de arquitectura.

Pasaron algunas semanas y estudié minuciosamente el contenido de las noticias, los análisis y las opiniones que se vertieron sobre el tema.

Me pregunté en primer lugar que habría llevado a los diarios a magnificar los hechos. Digo magnificar, por cuanto para la misma época estival los accidentes carreteros en la ruta de Pinamar quintuplicaron los muertos del balcón, sin que nadie seria o al menos insistentemente escribiera sobre el tema.

Consulté especialistas, en psicología por supuesto, y me dijeron que el pánico colectivo surgió por la cotidianeidad con que la gente se asoma a los balcones. Parece ser que como en las películas de terror, el miedo es mucho más profundo, cuando los hechos suceden en lugares o circunstancias que frecuentamos.

Pensé no obstante que debía haber algo más, porque también frecuentamos las rutas y entonces se me dijo que esta tragedia había sucedido en el último refugio que el ser humano considera invulnerable, es decir el hogar.

Cuando los accidentes graves suceden en nuestra propia casa, no podemos usar con eficacia todo nuestro permanente arsenal defensivo que vincula nuestras desgracias con la calle, es decir lo externo.

Pase luego revista a la asiduidad con que se caen balcones. Al parecer son tan seguros que se caen menos balcones que aviones a los que se considera como un símbolo supremo de la seguridad moderna, a pesar de que por las dudas todos aplauden cuando el aterrizaje ha sido bien logrado.

El tiempo transcurrido, me permitió observar algunas curiosidades en materia de información y análisis tendenciosos ya sea con la finalidad de traer agua al propio molino o intentar repeler el peligroso sistema jurídico de adjudicación de responsabilidades que se llama culpa.

Hablemos en primer lugar de los periodistas. Su comportamiento -al menos el inicial- me dejó atónito. Creo que la tristemente célebre discusión sobre la textura de las macetas ha sido un ejemplo difícil de superar en materia de torpeza. Aún así y como creo que las torpezas no son patrimonio exclusivo de nadie, me atrevo a dar un consejo: separar la información de la opinión. La segunda requiere un estado de calma y de prudencia en el espíritu que no se compadecen con las urgencias de los cierres de tapas o suplementos.

Ahora y tratando de vencer las subjetividades llega el turno de los abogados. Si pudiera pedir una disculpa pública por sus declaraciones con relación al tema, lo haría de buen agrado. La introducción del supuesto delito de estrago que he escuchado, tiende a confundir a la opinión pública. Todos estamos de acuerdo en que los hechos han causado un estrago, pero el estrago de los diccionarios tiene poco que ver con el estrago del derecho penal, donde deben concurrir la tipicidad y un dolo específico. En un ejemplo paralelo y tal vez más común se encuentra la “estafa popular” y la “estafa penalmente punible”. Yo creo que en realidad, si existió algún estrago, fue de nivel publicitario…

Toca el turno ahora al comportamiento de las autoridades municipales. Según declaraciones efectuadas al diario Clarín, el intendente llegó a afirmar que ” La Comuna solo se limita a aprobar los planos, pero no los cálculos”. Tal vez sería recomendable para el futuro que los cálculos fueran transcriptos en los planos o que esta novedad fuera publicada por la Municipalidad con grandes letras -especialmente leibles por los comitentes- en la entrada de la Dirección de Obras Particulares.

Al menos desde que me enseñaron el Derecho Administrativo aprendí que una de las razones de la existencia de las municipalidades era el ejercicio centralizado del poder de policía de la construcción que deben ejercer por delegación popular. Es esta delegación la que impide que los ciudadanos puedan arrogarse el derecho de controlar los cálculos y lo que obliga a la Municipalidad a hacerlo en su representación, cobrando aranceles incluso por el mencionado servicio. Volviendo al tema del derecho penal no puedo entender que razones jurídicas o de otra índole existieron para que nadie pensara en encuadrar las conductas en la tipología penal del incumplimiento de los deberes del funcionario público, delito más cotidiano y vulgar que el estrago.

A pesar de una búsqueda intensa, no pude encontrar ninguna explicación u opinión de alguna agrupación profesional. Una semana antes de la tragedia había dictado una conferencia en la delegación de la Costa del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires y debo confesar que los problemas de supervivencias gremiales -especialmente luego del decreto de desregulación- parece orientar a estas instituciones por otros caminos, menos riesgosos y frontales. Al fin y al cabo como lo señaló el gran maestro de la arquitectura norteamericana Henry Richardson “el primer principio de la arquitectura es conseguir trabajo”.

Y ahora, llega el momento de dar una opinión que trataré sea serena y desapasionada.

En primer lugar y si la opinión es honesta hay que aclarar que siempre será subjetiva y máxime si del ejercicio de la abogacía se trata. Hay una tendencia generalizada -cuando se emiten opiniones- a tratar de ubicarse en la perspectiva del juez de la causa que obviamente yo no puedo asumir, en primer lugar porque no quiero y en segundo lugar porque no debo.

Como abogado de la causa y siempre y cuando representara los derechos de los fallecidos, trataría de iniciar una acción penal o participar activamente en la iniciada de oficio, con el objeto de reunir velozmente y con las máximas seguridades que una causa civil ofrece las pruebas relacionadas con 1os hechos.

No me haría muchas ilusiones sobre una supuesta condena, pero si sobre el material reunido, que en forma de testimonios, pericias de arquitectura e ingeniería, incautación de expedientes municipales y careos iría aclarando, cada vez con mayor nitidez quién es -si es que existe- el verdadero culpable de la tragedia.

No iniciaría acciones civiles antes de finalizar la causa penal. En primer lugar porque el Código Civil dispone en el artículo 1101 que si la acción criminal hubiere precedido a la acción civil, no habrá condenación en el juicio civil antes de la condenación del acusado en el juicio criminal y en segundo por cuanto solo la exhaustiva investigación criminal podría asegurar a quien debo demandar. Separando el producto de la razón del producto de la pasión le informaría a mis representados, que más allá del dolor de la tragedia debo cuidar su patrimonio y que si me equivoco en la elección del presunto culpable los obligaría no solo a afrontar un nuevo dolor, sino también las costas del proceso.

Luego de finalizado el proceso penal, mediría con prudencia los límites del resarcimiento, separando adecuadamente los daños materiales de los morales y fijando en la demanda importes alejados de la fantasía y fundados en límites consolidados por la jurisprudencia del mismo tribunal donde estimara que existe competencia.

Debiera también no olvidar la diferente relación que unió a las víctimas con los victimarios, ya que en algún caso sería contractual -me refiero al contrato de locación del departamento- y en otros extracontractual -como en los casos del consorcio, la empresa constructora o la Municipalidad-

Olvidaría la obsesión del “arquitecto culpable”, por cuanto en nuestro derecho, nadie responde por lo que es, sino por lo que hizo y lo que debió hacer y es por ello que estudiaría la misión encomendada a los profesionales en esa obra, para establecer y diferenciar adecuadamente las responsabilidades emergentes del proyecto, de la dirección de la obra, de la dirección ejecutiva o de la dirección por contratos separados.

Si la pericia penal establece responsabilidades en materia de cálculos de estructura, olvidaría la falacia de incumbencias, para tratar de establecer quién realizó efectivamente los cálculos, quién contrató al calculista y quién aprobó dichos cálculos debiendo hacerlo.

Y finalmente, más allá de noticias, de estragos, de estrategias y de cálculos intentaría por sobre todo descubrir la verdad -que de eso se trata-, cuando como en este caso y al igual que el balcón, está demasiado lejos…

Por Daniel Enrique Butlow

Abogado y Profesor titular honorario de arquitectura e ingeniería legal.